La principal Corte de justicia de Canadá ni siquiera consideró estudiar la demanda de tres grupos defensores de derechos humanos que pedían revisar una decisión que le había dado otra vez vida al Acuerdo del Tercer País Seguro.

Esto sucedió la semana anterior muy a pesar de los múltiples alegatos legales interpuestos por el Consejo Canadiense para los Refugiados, el Concilio Canadiense de Iglesias y Amnistía Internacional.

Según Ana Rasmusson, consultora en inmigración registrada, aunque la noticia deja sin esperanzas a cientos que al otro lado de la frontera veían  en Canadá el país para encontrar protección, aún hay excepciones que habilitan a unos pocos a hacer dicha solicitud.

“Se contemplan varias excepciones, entre éstas para las personas que tengan familiares directos que sean ciudadanos canadienses”, recordó la experta.

La Corte Suprema de Justicia de Canadá ratificó con su fallo la vigencia del acuerdo del Tercer País Seguro, firmado en el año 2002 entre Canadá y Estados Unidos para regular el flujo de solicitantes de refugio entre ambos países.

Esta decisión dejó “fuertemente golpeados’ a los representantes de las tres entidades que defienden los intereses de los refugiados en Canadá que consideran que el acuerdo debía cancelarse dado que “Estados Unidos no ofrece garantías de justicia a los que huyen de sus países en  busca de protección”.

El Acuerdo del Tercer País seguro se firmó el 5 de diciembre del 2002 y entró en vigencia el 29 de diciembre del 2004. Desde entonces, Estados Unidos es el único país que ha recibido el calificativo de “país seguro” de parte de Canadá y su ley de inmigración y protección  de refugiados.

Este fue, por decirlo así, una secuela de los atentados terroristas del 2001 en Estados Unidos, pues forma  parte del Plan de Acción Inteligente para la frontera acordado entre ambos países, que tiene efecto en doble vía.

Bajo este acuerdo, los solicitantes de refugio deben hacer su pedido de protección en el primer país seguro al que arriben, a menos que clasifiquen en alguna de las excepciones del acuerdo.

En la práctica, dado el mayor flujo en ese sentido, este ha afectado más a aquellas personas que entran a Canadá por la frontera con Estados Unidos.

Este tratado es visto por el gobierno canadiense como una forma de administrar entre dos países las solicitudes de refugio que se hacen en sus puertos de entrada comunes.

La demanda inicial se hizo ante una corte federal en el 2005, alegando que Estados Unidos no es un lugar “seguro” para aquellos que solicitan refugio y se argumentó, además, que Canadá había fallado en monitorear sus resultados.

Un primer fallo fue favorable, pero el Consejo de Inmigración y Refugio apeló y logró tumbar esa decisión, dejando en firme el acuerdo. Una nueva instancia judicial, la más reciente,  se surtió ante la Corte Suprema de Justicia, que sin comentario no le halló méritos al reclamo.

Los expertos creen que este veto ha llevado a que cientos de potenciales aspirantes no hayan podido llevar sus casos a una corte de refugio en Canadá.  Al menos una persona, un ciudadano de Honduras, fue deportado de Estados Unidos, tras intentar buscar refugio en Canadá y fue asesinado en ese país a su llegada.

Janet Dench, del Consejo Canadiense para los Refugiados, indicó en un comunicado a los medios  que “las personas cuyos casos son rechazados con frecuencia no encuentran un lugar seguro al ser devueltos a Estados Unidos y de hecho pueden ser devueltos desde allí a países donde se practica la tortura u otro tipo de abusos”.

Por su parte, el Ministerio de Inmigración, a través de un vocero,  dijo a medios de prensa que esta es una victoria  plena del sistema legal y añadió que el pacto ofrece un proceso completo y justo a los solicitantes de refugio y garantiza la cooperación en ambos lados de la frontera para administrar las solicitudes en una forma más eficiente y reduce el abuso del sistema en si mismo.

Las excepciones y el riesgo de caer en las manos de los coyotes
En Toronto,  Ana Rasmusson, mexicana, consultora en inmigración certificada, quien trabaja en casos de refugio y de inmigración en este país, dijo que si bien es lamentable que se impida a potenciales refugiados presentar su casos en cortes de refugio en Canadá, aún hay opciones dentro de la ley, en virtud del mismo acuerdo.

"Si la persona tiene familiares directos radicados y legales en Canadá, puede hacer su solicitud en la frontera. Si es menor de edad que viaja solo, siempre y cuando éste no sea casado o tenga una relación permanente de unión libre, también.

Rasmusson dijo que "existe alto riesgo de que las  personas que realmente necesitan protección  se expongan a ser victimas del tráfico humano. Ya hemos visto que los coyotes encuentran en estos casos oportunidades para su ilícito negocio", agregó.

La consultora aconsejó a los solicitantes de refugio que tocan a las puertas de Canadá en sus fronteras que se informen antes de proceder. "Deben recurrir bien sea a un consultor registrado ante la Canadian Society of Immigration Consultants  -CSIC- o un abogado para evitar ser estafados o caer en errores", advirtió.

Cuando se trata de asesoría, es mejor verificar en el caso de los consultores en el sitio www.csic.ca, para saber si la persona está registrada y si no está suspendida.

La información completa sobre el Acuerdo del Tercer País Seguro y sus excepciones se puede encontrar   en el sitio www.cic.gc.ca

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